Los Juzgados de Policía Local son Tribunales. que  dependen administrativamente de la Municipalidad respectiva, pero se sujetan a las órdenes disciplinarias de la Corte de Apelaciones respectiva.

Estos Juzgados tienen una gran cantidad de materias dentro de sus competencias. Dentro de las cuales se encuentran:

1. Juicios por Accidentes del  Tránsito

a. Querella por Accidente del Tránsito:

Los Juzgados de Policía local conocen de las denuncias o querellas derivadas de accidentes de tránsito con resultados de daños o lesiones menos graves. Una vez ingresada la denuncia o querella al Juzgado, se cita a las partes a una indagatoria.

b. Acción de Indemnización de Perjuicios

En conjunto con la querella puede presentarse  una acción civil cuando  los hechos  ocasionan un daño en el patrimonio de un de las partes.  Se interpone la acción cuando existen:

  • Daños Directos: que deben repararse. 
  • Desvalorización: ya que todo vehículo reparado baja de precio.
  • Lucro cesante: en caso de  un taxista o persona que  trabaje  con su vehículo, por todo lo que dejará de percibir a causa del accidente de tránsito. 
  • Daño moral: cuando se justifique

2. Procedimientos de la ley de Alcoholes.

3. Infracciones Ley 19.496 de Protección al Consumidor.

todas las personas como consumidores tienen derechos a elegir en forma libre y voluntaria los bienes y servicios, sin presiones y previa información de lo que adquiere. Tienen además derecho a no ser discriminados ni a que se les niegue ventas, además de la posibilidad de poner término a un contrato.  en el plazo de 10 días.  Estos derechos no pueden renunciarse anticipadamente, es decir, existe la posibilidad de denunciar ante Juzgado de Policía Local los incumplimientos y vulneración de los derechos de los consumidores. 

Es necesario  hacer presente que si bien la ley de protección  de los derechos del consumidor no exige  el patrocinio de un abogado para. hacer valer sus derechos, es altamente recomendable  contratar una buena asesoría  profesional que le oriente, ya que es muy probable que la empresa  infractora  si cuente con  abogados.

El plazo para  interponer las acciones legales  pertinentes  será de seis meses contados desde que se cometió la infracción. 

a. Procedimiento previo ante SERNAC:

Existe la posibilidad de realizar una gestión previa ante el SERNAC, quien se     dirige ante  el denunciado e intentará llegar a algún acuerdo entre partes para solucionar el problema.

b. Querella Contravencional ante Juzgado de Policía Local:

En caso que las empresas proveedoras de bienes o servicios que usted adquiera o contrate, atropellen alguno de los derechos que la ley  garantiza a los consumidores, en tal caso,  puede entablarse una  querella  contravenciones ante Juzgado de  Policía Local respectivo. Y es competente aquel que se encuentra en el lugar  donde se cometió la infracción que originó su reclamo. Tratándose de contrataciones realizadas  mediante medios electrónicos o a distancia, el Tribunal competente será  el del domicilio del que presenta la querella. Las sanciones establecidas por esta ley pueden consistir en multas que fluctúan entre 1 UTM y hasta 50 UTM. Pero existen infracciones que acarrean multas superiores, así por ejemplo la publicidad engañosa de las características del producto o servicio se sanciona con una multa de hasta 750 UTM, y si ello incidiera en la seguridad de las personas o del medio ambiente, se multará hasta  con 1000 UTM. Si un proveedor suspende sin motivo justificado un servicio previamente pactado o contratado por el cual se haya pagado un derecho de incorporación o conexión, la multa será de hasta 150 UTM.  Cuando el servicio se trate de empresas de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, recolección de basura o elementos tóxicos, la multa a los responsables se eleva hasta las 300 UTM.  Tratándose de los organizadores de espectáculos públicos  deportivos o artísticos, que sobre vendan las localidades del recinto, o de las empresas de transporte que  sobre vendan pasajes, las multas  fluctúan entre 100 y 300 UTM. 

c. Demanda Civil de Indemnización de Perjuicios:

La Ley consagra la alternativa  de pedir una indemnización de perjuicios causados. por la  infracción  de los derechos de los consumidores. Es decir, además de la sanción que  puede establecerse en contra de los infractores, se podrá condenar al pago  de indemnización por daños efectivamente ocasionados, así como  el daño moral y el lucro cesante. 

4. Infracciones a la ley de Copropiedad Inmobiliaria.

Los conflictos que se susciten entre los copropietarios entre si o entre estos y el administrador de un condominio, serán  de competencia de los Juzgados de Policía Local.

a. Procedimiento previo Ante la Municipalidad. 

Se trata de un procedimiento administrativo, previo, que la ley  establece y encarga a la Municipalidad Respectiva. Será esta última quien llamará a reuniones y propondrá soluciones,  de los que se levantará acta que contengan las proposiciones y acuerdos y  que luego se insertará en  el libro de la  copropiedad. Se excluye este mecanismo previo si ya ha  habido  una denuncia  entablada ante Policía Local. 

b. Denuncias

Como ya señalé,  este procedimiento se  aplica  cuando existen conflictos  entre copropietarios o entre alguno de  ellos y la administración. Para  entablar una denuncia los conflictos  que se  producen deben estar relacionados con la  administración. Puede tratarse de infracciones al Reglamento, conductas inadecuadas, ruidos molestos,  perturbación de los demás copropietarios en su domicilio. 

Los juzgados de Policía Local tienen  amplias facultades tendientes a resolver estas controversias. 

5. Infracciones a la ley General de Urbanismo y Construcciones

El art. 21 del D.F.L. No 458 otorga competencia a los Juzgados de
Policía Local para conocer de las infracciones a sus disposiciones, a las
normas de la Ordenanza General y a los instrumentos de planificación
territorial. Estas infracciones acarrean multas no inferiores a 0,5% ni superiores a un 20% del presupuesto  de la obra,  además, puede ordenar la paralización y demolición, salvo que el hecho sea constitutivo de delito y tenga sanción
especial.

La ley  faculta a las Municipalidades a través de la DOM respectiva, y. a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo o a cualquier persona  para denunciar estas infracciones. 

a. Acción Civil contra propietario primer vendedor 

Esta acción  no es competencia de los Juzgados de  Policía local, sino  de los Juzgado Civiles, pero se  incorpora una pequeña descripción aquí por relacionarse con una infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

El art. 18  de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece una “responsabilidad civil” del “propietario primer vendedor” de una construcción, por los daños o perjuicios que provengan de las fallas o defectos de ella, durante la construcción y después de terminada la obra. También serán responsables los constructores por uso de materiales
defectuosos, fallas o errores.  «Las personas jurídicas serán responsables solidariamente con el profesional que actúe. Si la persona jurídica se disuelve, continuará afectando la responsabilidad a los que eran sus representantes en el momento de la fecha de celebración del contrato».

Dispone el artículo 18 LGUC:     

Las acciones para hacer efectivas las responsabilidades a que se refiere este artículo prescribirán en los plazos que se señalan a 
continuación:
     1. En el plazo de diez años, en el caso de fallas o defectos que afecten a la estructura soportante del inmueble.
     2. En el plazo de cinco años, cuando se trate de fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones.
     3. En el plazo de tres años, si hubiesen fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o de acabado de las obras.
     En los casos de fallas o defectos no incorporados expresamente en los numerales anteriores o que no sean asimilables o equivalentes a los mencionados en éstos, las acciones prescribirán en el plazo de cinco años.
     Los plazos de prescripción se contarán desde la fecha de la recepción definitiva de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales, con excepción del señalado en el número 3, que se contará a partir de la fecha de la inscripción del inmueble a nombre del comprador en el Conservador de Bienes Raíces
respectivo.

b. Sanciones Municipales: Demolición

Cualquier persona podrá acudir ante las Municipalidades y denunciar las obras que amenacen ruina o que por su mal estado pueda ocasionar
caídas de elementos, caso en que el Alcalde puede ordenar la demolición.

Se podrá  reponer de esa resolución que ordena la demolición ante el mismo Alcalde. o reclamar de la orden de demolición ante el Juez civil dentro de plazo de 10 días. 

6. Infracción a Ordenanzas Municipales  obligatorias;

Ruidos molestos, basura en las calles, etc.  cuyas infracciones son conocidas por los Juzgados de Policía Local.

7. Acción especial de protección de las personas con discapacidad

a. Nociones previas:

La ley 20.422 Establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Esta ley promulgada en febrero de 2010, establece un nuevo paradigma que deja  de percibir  la discapacidad como  una enfermedad,  y  sitúa a las personas con discapacidad  en el entorno social, fomentando la valoración en la diversidad humana, dandole el reconocimiento de persona y ser social y necesario para el desarrollo y progreso del país. En este contexto, esta ley señala que debe darse cumplimiento a los principios de vida independiente,  accesibilidad universal, diseño universal,  intersectorialidad, participación y diálogo social. 

b. Acción especial:

esta acción está  consagrada en el artículo 57 de  la ley 20.422  y  señala que toda persona que por causa de una acción  u omisión arbitraria o ilegal sufra  amenaza, perturbación  o privación  en el  ejercicio  de los  derechos  consagrados en esta ley,  podrá concurrir por si o por cualquiera a su nombre   ante el juez de policía local  de su domicilio  para que adopte las providencias  necesarias para  asegurar y restablecer  el derecho afectado. 

Las sanciones  a los infractores  de ésta  puede consistir en multa a beneficio municipal  que. se empleará para.  financiar  actividades y programas.   relacionados con la discapacidad, irán  desde las 10 a 120 UTM y se duplicarán en caso de reincidencia.  Además para el caso. en que el denunciado o demandado   no adopte las medidas ordenadas por el juez o  insista en el incumplimiento de la normativa,  además de las multas el juez podrá ordenar  la clausura del establecimiento  infractor. 

CONSULTAS:

Como podemos observar, los Juzgados de Policía Local sostienen una importante cantidad  de materias  de orden jurídico  social, encargados de dirimir los conflictos cotidianos entre  particulares. 

Si se ha suscitado alguna situación conflictiva  que pudiera  ser sometida al conocimiento de estos  tribunales,  cuéntame  la situación  para  asesorarte  y  ayudarte a solucionar   el  asunto  de la mejor manera posible.